La Contratación Pública Ecológica es una herramienta eficaz para avanzar en la producción, utilización y consumo sostenibles, así como en una economía y prácticas de contratación sostenibles, lo que requiere continuar con las actuaciones necesarias para su desarrollo. Y en este sentido hay que tener en cuenta que dicha herramienta requiere una cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado, ya que las responsabilidades en materia de contratación se encuentran divididas entre todos ellos.
Además, es necesario elaborar un nuevo plan de Contratación Pública Ecológica que, partiendo de los objetivos alcanzados por el anterior, los consolide y proceda a su revisión y desarrollo. A estos efectos se considera oportuno la creación de una Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública que permita una actuación eficaz de la AGE y el real decreto es el instrumento adecuado para alcanzar la finalidad que se persigue.
